La Ley de Reclamos Falsos (FCA) o «Ley Lincoln», es la ley federal que establece sanciones penales y civiles por facturar falsamente al gobierno, representar en exceso la cantidad de un producto entregado o subestimar una obligación para con el gobierno. La Ley de Reclamos Falsos puede ser aplicada ya sea por el Departamento de Justicia o por particulares en un procedimiento qui tam. La ley fue promulgada en 1863 durante la Guerra Civil para combatir el fraude contra el gobierno por parte de los proveedores de bienes y servicios.
La FCA permite que los particulares, conocidos como informantes o «relatores», presenten demandas en nombre del gobierno para recuperar daños y sanciones de quienes hayan presentado reclamos falsos. Si la demanda tiene éxito, el denunciante puede recibir un porcentaje de los fondos recuperados como recompensa.
La FCA cubre una amplia gama de afirmaciones falsas, que incluyen:
– Cobrar de más al gobierno por bienes o servicios
– Proporcionar bienes o servicios deficientes al gobierno.
– Presentar registros o declaraciones falsas al gobierno
– Falsamente certificar el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales
– Ocultar o evitar el pago de obligaciones con el gobierno
Las violaciones de la FCA pueden resultar en sanciones financieras significativas, que incluyen daños triplicados (tres veces la cantidad de daños sufridos por el gobierno). Además, las personas consideradas responsables en virtud de la FCA pueden quedar excluidas de hacer negocios con el gobierno federal.
The FCA has been amended several times over the years, most recently in 2010 with the passage of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. The law remains an important tool to combat fraud against the government and protect taxpayer money.
